El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunciará a España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, por mantener en la legislación la posibilidad de esterilizar sin su consentimiento a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Según informó el Cermi en una nota, el Código Penal español castiga como delito la esterilización no consentida, salvo en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que pueden serlo si así lo determina un juez, tras un procedimiento específico.
"Esta previsión legal constituye una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad, ya que en ningún supuesto, ni aun con intervención judicial, una persona puede ser esterilizada sin su consentimiento", indica la entidad.
A juicio del Cermi, "se trata de un vestigio legal, propio de otras épocas, que ha de ser desterrado del ordenamiento jurídico con la mayor urgencia posible".
Desde la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, el Cermi ha exigido reiteradamente al Gobierno la derogación de esta posibilidad, sin que hasta el momento haya prosperado. Por esta razón, la plataforma de la discapacidad anuncia que planteará ante la ONU "esta vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para que investigue la situación y recomiende a España la supresión de la esterilización forzosa mediante la modificación del Código Penal".
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